El deterioro ambiental, la contaminación y la crisis climática en las últimas décadas se han expresado de manera más cruda y con mayores costes para las regiones más empobrecidas. La degradación de bienes naturales comunes como agua, bosques y tierra ha implicado que las mujeres (especialmente, rurales e indígenas o de barrios urbano-populares) deban dedicar más tiempo y esfuerzos para encontrar formas de subsistencia familiar. Incluso en contextos donde prevalece la violencia sistémica de género, cada vez más mujeres se insertan en procesos de resistencia y lucha en defensa de sus territorios, bienes naturales comunitarios y/o servicios públicos.
Desde la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en 1992 en Río de Janeiro se han establecido políticas a nivel mundial destinadas a regular la interacción de la sociedad con el medio ambiente, reconociendo el papel fundamental de las mujeres y su participación efectiva en las políticas ambientales. No obstante, estas políticas frecuentemente fallan en abordar las causas estructurales del deterioro ambiental y la desigualdad de género. En la práctica la mayor parte de las políticas ambientales han sido ideadas como “reacciones y remedios”, más que como transformaciones estructurales para alcanzar sociedades justas y sostenibles.
Frente al modelo neoliberal, que propone una transición energética basada en cadenas de producción con menor impacto ecológico, pero igualmente opresoras, las comunidades locales y originarias, mujeres, juventudes e infancias se posicionan en defensa del territorio. Estas resistencias incluyen luchas contra políticas extractivistas, tanto en relación con la extracción fósil, como con proyectos de “energías renovables” impuestos, como el caso del Istmo en Oaxaca, México.
Estos movimientos no están encabezados por organizaciones gremiales tradicionales; sino que se articulan en redes, asambleas o asociaciones, a menudo más allá de las fronteras nacionales, liderado por mujeres. Ejemplos de estas luchas incluyen:
- La Iniciativa Ecofeminaria: Mujeres en Defensa por los Territorios que ha incidido en la implementación del Acuerdo de Escazú en México.
- La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, cuyo objetivo es hacer visibles los impactos del extractivismo en las mujeres.
- Las Mujeres Wayuu en Colombia, quienes resisten contra la mina de cobre Cerrajón en La Guajira y los proyectos de energía solar impuestos en su territorio, mientras proponen modelos de energía popular sostenible.
- Las mujeres de ONAMIAP en Perú, que han desarrollado propuestas para una transición energética justa, incorporando saberes comunitarios y tecnologías ancestrales que buscan restaurar la biodiversidad y cuestionar el capitalismo extractivista.
Destacan también organizaciones que colaboran con el Intercambio de Recursos Comunitarios (CRE) como las Rondas Femeninas de San Antonio en la provincia de Hualgayoc, Perú, las mujeres de la Agrupación Ciudadana Ultima Esperanza en Chile o las Asociación de Mujeres Ambientalistas que enfrentan el proyecto minero transfronterizo Cerro Blanco entre Guatemala y El Salvador. Compartir experiencias situadas ha sido clave para la resistencia: estas colaboraciones e intercambios fortalecen las redes en América Latina y el activismo femenino, tejiendo y rearticulando formas de lucha colectiva.
Cuando las mujeres se movilizan, su participación tiende a ser minimizada y sus liderazgos son estigmatizados, violentados, y criminalizados. Al salir al espacio público para defender sus derechos, las mujeres desafían tanto al poder corporativo, el estatal, como al patriarcado arraigado en sus comunidades. Son atacadas no solo como defensoras de los territorios y bienes comunes, sino también como mujeres que cuestionan normas de género y concepciones de “desarrollo” o “progreso”.
En años recientes, ha surgido un incremento en la criminalización de las defensoras del territorio y el medio ambiente. Al mismo tiempo, han emergido conceptos como cuerpo territorio y feminicidio territorial. Estos reflejan cómo los cuerpos de las mujeres, al igual que los territorios, son cosificados y explotados bajo una lógica extractivista que despoja no solo de bienes comunes, sino también de identidades colectivas y derechos, precarizando sus vidas y perpetuando violencias. Todo esto remarca la importancia del liderazgo de las mujeres y también la gravedad de estos hechos, condicionando su integridad física y mental, sus derechos humanos y una vida digna para millones de personas.
La actual policrisis, climática, económica y sanitaria, impone la necesidad de repensar desde los feminismos ambientales cuestiones como la racionalidad económica, la neutralidad científica, el productivismo y el crecimiento ilimitado, los bienes comunes, el territorio, la dimensión del cuidado y las intersecciones discriminatorias, y su relación con las transiciones justas. La relación que une a las mujeres con la naturaleza, no se debe al hecho de ser mujer en sí misma, sino que es consecuencia de sus roles históricos, así como su relación con la economía de subsistencia familiar, entre otros factores.
Las mujeres, como protagonistas de la defensa de sus territorios, demuestran su capacidad organizativa y su resistencia a la lógica capitalista y patriarcal que prioriza el agotamiento de modelos y discursos de producción y consumo que atentan contra la vida misma. En sus luchas, nos enseñan dignidad, amor por sus territorios y sus conocimientos ancestrales. A través de sus acciones, interpelan a otra manera de relacionarnos con el medio ambiente, entre nosotras mismas y con el mundo, de tal manera, que la necesaria y urgente transición energética no podrá ser posible sin el aporte de las mujeres y sus luchas en los territorios, en su amplia diversidad.
Desde el Grupo Latinoamericana por una Transición Energética Justa (Grupo LATEJ), que agrupa a más de 40 organizaciones de sociedad civil de América Latina, entre ellas organizaciones que trabajan junto con mujeres defensoras en la región, se sostiene que no es posible una transición verdaderamente justa si esta no se construye desde una vision feminista, comunitaria y popular. El Comité de Género dentro del Grupo LATEJ trabaja para apoyar esta visión colectiva, porque las iniciativas actuales, ya sean desde las políticas públicas o iniciativas privadas con apoyos de recursos públicos, no avanzarán hacia una verdadera transformación si no incluyen las voces interseccionales que las mujeres indígenas, afro, campesinas, están desarrollando en sus territorios. Es hora de que el desarrollo sea liderado por las comunidades, que cuentan con saberes ancestrales, que incluyen tecnologías limpias y verdes, que desafían el modelo vigente extractivista y sus lógicas de imposición neocoloniales sobre ecosistemas y comunidades con graves impactos para las personas y el planeta todo..
Este artículo ha sido desarrollado con el liderazgo de nuestra compañera Karla Priego Martínez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en los temas de género y medio ambiente. El mismo se realiza con los sustantivos aportes de las integrantes de Comité de Género del Grupo Latinoamericano por una Transición Energética Justa (Grupo LATEJ) que desarrolla actividades de articulación con otras organizaciones y comunidades para promover y asegurar que la transición es verdaderamente justa y que se construye desde un enfoque de género, los derechos humanos y feminismos, abordajes presentes desde las primeras reuniones del grupo de trabajo regional que ha buscado desde su conformación contar con una narrativa propia, profundizar ideas y conceptos para el análisis de las políticas y los diferentes contextos bajo un enfoque interseccional.