La COP29 qué sucedió entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán, tuvo como eje central las negociaciones en torno a financiamiento climático. Para éste año se esperaba alcanzar una nueva meta de los recursos que deben estar siendo destinados para alcanzar las metas de 1.5 grados en el planeta. En ese sentido el centro de negociación del 2024 giró en torno a una nueva meta de financiamiento climático (NCQG) que resultó en un monto acordado de 300 mil millones de dólares al año. Muy por debajo de la ambición que los países del Sur, y los más vulnerables a la crisis climática, llevaban como meta idónea (1.3 billones de dólares anuales).
Desde el 2009, un componente fundamental del Acuerdo de París ha sido el financiamiento dirigido a los países en desarrollo para acelerar la transición energética y reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Sin embargo, los compromisos de financiación climática, que deberían alcanzar al menos $100 mil millones al año, han sido insuficientes y en gran parte incumplidos, limitando la capacidad de los países, principalmente del Sur Global, para alcanzar sus objetivos.
Esto sucedió en un contexto en el cual, una vez más, se reúnen estados partes para discutir y acordar cuál debe ser el mejor camino para alcanzar un acuerdo que de manera recurrente se ha visto incumplido. Las revisiones periódicas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), muestran leves avances, muchos compromisos asumidos en el Acuerdo de París están lejos de cumplirse.
Muchos países han presentado metas de reducción de emisiones que no son suficientemente ambiciosas para alcanzar los objetivos del acuerdo. Desde América Latina hacemos un llamado a aquellos países principalmente responsables por el aumento sostenido de emisiones a nivel global como Estados Unidos, Canadá, China y la Unión Europea a cumplir con las metas establecidas y ampliar sus compromisos como países para concretar políticas públicas que impulsen una verdadera transición global.
Según el último informe de la ONU sobre la brecha de emisiones, las políticas actuales nos llevarían a un aumento de temperatura de entre 2.4 °C y 2.6 °C para finales de siglo, muy por encima del objetivo de 1.5 °C. Incluso en países con objetivos ambiciosos, a menudo faltan políticas eficaces y vinculantes para cumplirlos. Esto incluye retrasos en la implementación de leyes y reglamentos, así como la dependencia continua de los combustibles fósiles en sectores clave como la energía y el transporte.
Desde las organizaciones que actúan desde el Grupo Regional para una Transición Energética Justa de América Latina, vemos con preocupación la forma en la que se perpetúan las formas establecidas en espacios de negociación como las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en donde se evidencia un patrón de elevar voces frente a temas cruciales para entenderlas resueltas con el aumento recursos para financiamiento, y ni siquiera cumpliendo con las metas planteadas en el marco del Acuerdo. Momentos en los cuales se han alcanzado declaraciones contundentes, como la alcanzada en la COP28 para el abandono de combustibles fósiles, vemos que se han reducido a meros acuerdos sin hojas de ruta concretas para su implementación, ignorando la consolidación de políticas que permitan materializar los acuerdos, lleva a una realidad que resulta insuficiente e ineficiente para crear una acción global contundente.
La transición energética requiere grandes inversiones en infraestructura y en la reducción de los subsidios a los precios internos de combustibles, que algunos gobiernos encuentran difíciles de enfrentar y financiar, principalmente en el sur global. Apoyar políticas y financiamiento climático ambiciosas y coherentes en la región es fundamental para lograr un cambio estructural que aborde las desigualdades y fortalezca la resiliencia ante el cambio climático. Para ello, es necesario orientar el financiamiento no solo al desarrollo de proyectos, sino a la generación de capacidades y transferencia de tecnologías en países y localidades de la región, así como priorizar estrategias de financiamiento que no generen deuda.
Por este motivo, hacemos un llamado a la sociedad civil latinoamericana para ser el espacio de discusión y encauce, en el cual se trace el camino para definir acuerdos concretos de los países tanto del norte como del sur global en torno al abandono de combustibles fósiles en la región, y trascender las discusiones de los países del norte que se quedan exclusivamente en discusiones en torno al financiamiento destinado a países del sur, sin materializar acciones concretas que reduzcan la vulnerabilidad del sur global.
Las organizaciones Latinoamericanas tenemos un llamado a crear un bloque fuerte que nos permita recuperar las movilizaciones climáticas y devolver las discusiones alrededor de la crisis climática a la ciudadanía y a las comunidad. La COP 30 nos abre un escenario idóneo para retomar la acción colectiva regional de manera organizada.
Llamamos también a los países de América Latina a tomar la oportunidad única de liderar este cambio histórico, en el que una transición energética justa sitúa a las comunidades, la equidad y el respeto planetario en el centro de cada decisión.