Transición Energética Justa y Biodiversidad en América Latina. Políticas integrales para la región

• La transición energética justa debe ser comunitaria, feminista y popular. América Latina y el Caribe se encuentran en un momento decisivo para lograr el acceso a energía limpia y segura para aquellos sectores históricamente postergados, como las comunidades locales, pueblos indígenas, sectores populares, mujeres rurales. La transición energética justa debe ser pensada en quienes aún esperan por este servicio público, que además condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Debe ser trabajada desde espacios locales con modelos comunitarios que atiendan sus demandas. Debe ser pensada en acortar las brechas de desigualdad e impactos diferenciados de las mujeres, especialmente en el ámbito rural. Los gobiernos y las empresas son los principales actores con medios para llevar a cabo este cambio, el cual debe ser exigido y empujado por la acción de toda la ciudadanía, a fin de lograr cambios reales.

• América Latina y el Caribe puede asumir un liderazgo claro en la transición energética justa, alineando sus políticas nacionales y presupuestos públicos con los compromisos del Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y las metas del Convenio de Diversidad Biológica. Es urgente adoptar estrategias co-construidas con la ciudadanía que prioricen las energías renovables y garanticen una transición justa que beneficie a todas las comunidades y no genere nuevos escenarios de injusticia ambiental, permitiendo posicionar a la región como la pionera en alcanzar su meta 2030 frente a las emisiones de sus países.

• El financiamiento de la transición energética justa en América Latina y el Caribe debe enfocarse en soluciones que reduzcan y eliminen la dependencia de los combustibles fósiles. Invertir en energías renovables y en proyectos de energía comunitaria es clave para promover un desarrollo económico resiliente y sostenible en la región, que no intensifique la degradación de la biodiversidad. A su vez, se requiere de un desfinanciamiento gradual de las industrias de combustibles fósiles, principalmente en lo que refiere a los subsidios estatales a ese tipo de actividades. Finalmente los financiamientos deben respetar los derechos humanos, transparentar sus inversiones; así como aplicar de salvaguardas y marcos normativos  nacionales e internacionales acordes a los derechos humanos.

• La transición energética justa en América Latina y el Caribe requiere de una cooperación internacional más sólida y coordinada. Apoyar políticas y financiamiento climático ambiciosas y coherentes en la región es fundamental para lograr un cambio estructural que aborde las desigualdades y fortalezca la resiliencia ante el cambio climático. Para ello, es necesario orientar el financiamiento no solo al desarrollo de proyectos, sino a la generación de capacidades y transferencia de tecnologías en países y localidades de la región, así como priorizar estrategias de financiamiento que no generen deuda.

• Cambio de los patrones de consumo. Alcanzar una Transición Energética Justa requiere transformar los patrones de consumo global, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles y adoptando modelos que minimicen el uso de materiales y energía priorizando la sostenibilidad y respetando los límites biofísicos del planeta. Por ello, las políticas para la promoción del cambio de la matriz energética, deben partir de un reconocimiento de la deuda ecológica del Norte con el Sur, y ser complementadas por políticas y acciones para una mayor eficiencia energética, y para reducir gradualmente los niveles de demanda energética en los países de la región.

• No más falsas soluciones tecnológicas y narrativas a la crisis climática que pasen por encima de los derechos humanos. Las soluciones a la crisis climática deben ser estructurales y transformadoras, respetando y promoviendo los derechos humanos y la justicia social. No podemos permitir que bajo el pretexto de una ‘transición energética’ se implementen proyectos y “soluciones” que perpetúen la explotación de los territorios, el desplazamiento de comunidades y el abuso de recursos, todo en nombre “soluciones” que se mantienen en el marco de un sistema que ha llevado a la crisis climática. El calentamiento global es una consecuencia de la industria fósil, impulsada bajo la justificación de bajas emisiones como región igual aporta a la emergencia climática que impulsa la pérdida de biodiversidad global.

• No profundización de fronteras extractivas en territorios de importancia biológica y climática,  la transición justa no puede basarse en la  expansión de las fronteras extractivas  y en el agotamiento de minerales y otros bienes. No podemos perpetuar ni aumentar  el ritmo insostenible  de extracción de bienes naturales comunes. La creciente demanda de minerales está convirtiendo territorios que deberían ser protegidos- como los salares y el mar profundo-, en zonas de sacrificio, que implican pérdida de biodiversidad y desplazamiento de  comunidades locales. Salir del extractivismo no se trata solo de reducir la extracción; sino de imaginar un mundo donde el desarrollo no esté basado en el saqueo, sino en la convivencia armónica con la naturaleza. Esto implica reconocer los derechos de la Tierra, la autodeterminación de los pueblos y la creación de un futuro digno para todos y todas, humanos y no humanos.

América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada crítica en su camino hacia un modelo energético sostenible. La región, rica en recursos fósiles, cuenta con países como Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Guyana, destacados como principales productores de petróleo, mientras que el gas natural también juega un rol significativo, con Venezuela, Brasil, México, Argentina, Trinidad y Tobago, Colombia, Bolivia y Perú liderando en este sector. A pesar de la riqueza en recursos fósiles, En aquellos países en los que hay una mayor dependencia a los combustibles fósiles, como Brasil, Colombia y México entre otros, los compromisos climáticos asumidos por éstos  en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) en el marco de los  objetivos del Acuerdo de París, han sido evaluados por Climate Action Tracker con calificaciones de «insuficiente» y «críticamente insuficiente». Lo que pone de manifiesto una desconexión preocupante entre los compromisos internacionales y las políticas energéticas nacionales, que continúan favoreciendo la extracción y el consumo de combustibles fósiles, evidenciando las barreras que se crean en aquellos países dependientes para alcanzar acciones concretas para cumplir con los compromisos climáticos.

Ahora, a las NDC se suman las 23 metas del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), donde también los Estados partes van a rendir cuentas sobre el avance de sus acciones para la implementación de dichas metas a nivel nacional, donde indudablemente deberían existir acciones para la reducción del uso de los combustibles fósiles; ya que uno de los causantes de pérdida y degradación de la diversidad biológica ha sido el modelo extractivo, por ejemplo los constantes derrames en el Golfo de México, en la Amazonía y su relación con la deglaciación. Por ello, luego de Cali, tendremos un mejor panorama para conocer dichas acciones. Sin embargo, el contexto sociopolítico de la región añade una capa adicional de complejidad. La dependencia económica de los combustibles fósiles, junto con la inestabilidad política y los intereses de poderosos actores industriales, crea un entorno desfavorable para el desarrollo de políticas que impulsen una transición energética justa.

Ejemplos de ello son el retroceso en las políticas climáticas de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y la reciente elección (diciembre de 2023) de un presidente negacionista del cambio climático en Argentina,  lo que evidencia los enormes desafíos que enfrenta la región en este ámbito; los retrocesos legales y políticos en materia ambiental en Perú, donde se están priorizando lotes de hidrocarburos sobre áreas naturales protegidas. Venezuela, Ecuador y Guyana, aunque no tienen evaluaciones claras de sus NDCs, muestran en sus políticas públicas una intención manifiesta de continuar explotando sus recursos fósiles, lo que subraya la necesidad urgente de un cambio estructural profundo. En este contexto, los intereses a corto plazo continúan prevaleciendo sobre la urgencia climática, lo que pone en riesgo el futuro de la región.

Por otro lado, el papel del gas natural en la región también plantea serias interrogantes. Aunque es promovido como un «combustible de transición», las inversiones en gas en países como Brasil, México y Argentina perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles y retrasan la adopción de energías renovables, lo cual socava los esfuerzos para una verdadera transición energética y fortalece un modelo insostenible que compromete los avances en la mitigación del cambio climático.

A nivel regional, la falta de coherencia en las políticas energéticas y climáticas es evidente. Mientras algunos países realizan esfuerzos aislados para promover la energía renovable, la mayoría sigue invirtiendo en infraestructuras para la explotación de hidrocarburos. Esta dualidad no solo frena el progreso hacia una economía baja en carbono, sino que también perpetúa las desigualdades sociales y económicas en la región, haciendo más difícil el camino hacia una transición justa.

La transición energética justa en América Latina y el Caribe debe abordar de manera integral las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la región. Esto implica no solo reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles, sino también garantizar que las comunidades más vulnerables no sean las más afectadas en el proceso de transición. La dependencia de muchas economías regionales en los ingresos provenientes de hidrocarburos convierte a la transición energética en un proceso complejo que requiere un enfoque inclusivo y sostenible.

En este escenario, la cooperación regional y el fortalecimiento de alianzas internacionales se presentan como factores cruciales para avanzar hacia una transición energética justa. La región tiene la oportunidad de liderar un cambio significativo si logra una mayor coordinación entre los países para adoptar políticas climáticas más ambiciosas y coherentes. La COP30, que se celebrará en Brasil en 2025, representa un hito potencial para elevar las demandas de la región y fortalecer su compromiso con una transición energética que beneficie a todos los sectores de la sociedad.

En conclusión, América Latina y el Caribe se enfrentan a un reto decisivo. La continua dependencia de los combustibles fósiles es insostenible, tanto desde una perspectiva climática como económica. La transición energética en la región debe ser justa, equitativa y sostenible, abordando de manera efectiva los desafíos estructurales y las inequidades que caracterizan al sector energético. Solo así será posible garantizar un futuro más próspero y resiliente para todos los habitantes de la región.

La energía debe ser comunitaria y a pequeña escala. 

Hay que apostar por proyectos de energía comunitaria y a pequeña escala, orientada al autoconsumo domiciliario, para habilitar sistemas en donde la energía no sea una mercancía, sino un servicio público y derecho que permita garantizar otros derechos humanos. Para ello, se debe comenzar por actualizar los marcos regulatorios para permitir y promover la generación distribuida, como modelo descentralizado y democrático de producción y consumo de energía. A su vez, y considerando que la madurez de este tipo de regulación no es uniforme en América Latina, los Estados de la región deben colaborar en el intercambio de experiencias y capacidades, poniéndo énfasis en las tipologías de “generación distribuida comunitaria” para superar las barreras y obstáculos que este tipo de proyectos suelen tener en nuestros sistemas energéticos.

Debe haber una planificación territorial para la transición energética. 

Considerando el uso de suelo intensivo que tienen los proyectos de energía renovable, un paso necesario para asegurar una transición justa es una planificación ecológica del territorio, de forma previa a la instalación de los nuevos proyectos. De esta forma, se busca evitar impactos desproporcionados en lugares ecológicamente sensibles y/o donde habitan pueblos indígenas y comunidades locales. A su vez, y reconociendo que el diseño e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial suele tomar mucho tiempo, se requiere del establecimiento de diferentes formas de conservación, que contribuyan a proteger los espacios más sensibles a partir de la información existente, mientras se recopila información actualizada e integral, y se dictan los planes definitivos de ordenamiento territorial. En ese marco, las estrategias y planes desarrollados en el marco del Convenio de Diversidad Biológica son claves, y los estándares de acceso a la información y participación del Acuerdo de Escazú son una buena base para asegurar un desenvolvimiento democrático de estos procesos.

Financiamiento climático que alcance las metas de una Transición Energética Justa. 

Es necesario que las estrategias de financiamiento acordadas en instancias políticas de alto nivel (como las COP), incorporen mecanismos para que se provea de recursos a las comunidades que son parte importante de la gobernanza y protección de ecosistemas clave a escala nacional e internacional, ello iría en línea con las meta 19 del CDB. A su vez, es necesario procurar que dichos mecanismos reconozcan y respeten los usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades locales que cumplen dicho rol de protección. Por otro lado, los proyectos que postulen a financiamiento de órganos multilaterales, debiesen ser estrictamente observados en lo que respecta al respeto de derechos humanos y los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como condición para acceder a dicho financiamiento. Finalmente, es necesario priorizar las estrategias de financiamiento que no generen deuda para los países beneficiarios, y que vayan más allá del financiamiento de proyectos, asegurando una adecuada transferencia de capacidades y tecnologías a los países de la región, y no solo la explotación de sus recursos.

Gobernanza en la TE. 

Además del cumplimiento de los estándares mínimos de acceso a la información, participación ciudadana, y acceso a la justicia, ya reconocidos en la región a través del Acuerdo de Escazú, que deben procurarse en la evaluación y estructuración de cada proyecto individualmente, es necesario que los Estados de la región promuevan estrategias y políticas integrales para la promoción de la participación ciudadana y la gobernanza participativa en la toma de decisiones vinculada con la transición energética de nuestros países. Así, se requiere de la promoción de plataformas públicas y accesibles que permitan el cumplimiento de los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas de todas las empresas (públicas y privadas) vinculadas a los planes de transición energética, que exhiban la información de los proyectos desde sus etapas más tempranas. Por otro lado, los procesos de participación ciudadana deben ser complementados con la generación de instancias de gobernanza multiactor, que permitan el acompañamiento a la implementación de las políticas, y un proceso de aprendizaje técnico y político de los representantes comunitarios, con el fin de mejorar los canales de acceso a la información.

El abandono de los combustibles fósiles es un pilar esencial para avanzar hacia una Transición Energética Justa (TEJ). 

El grupo está integrado por más de 60 organizaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, México, Perú, por mencionar algunos. El objetivo colectivo es articular de la acción colectiva con influencia estratégica en las y los tomadores de decisión de políticas gubernamentales y prácticas corporativas en el marco de las principales reformas para una transición energética justa, popular, comunitaria y feminista que garantice los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Organizaciones que integran el Grupo LATEJ: 

Movimiento ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) , Mujer y Medio Ambiente, Engenera, Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA, Cartocrítica, AIDA, Instituto Maira, DAR, FOSDEH, Foro Nacional por Colombia, Observatorio Petrolero Sur, FIMA Chile, Terram, Fundeps, Observatorio de Industrias Extractivas, Legisladores por el ambiente, CEDLA, Ecorazonar, FARN, Sustentarse, Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, Poder, Cooperacción, Centro de Análisis Socioambiental, Fundación Jubileo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), Espacio de Encuentro de Culturas Originarias (EECO), Sistema de Alerta Temprana en Latinoamérica, Fundación Heinrich Böll México y el Caribe, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, International Accountability Project- IAP, Coalition for Human Rights in Development, Publish What You Pay, , Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, Red Global de Gas y Petróleo (GGON), Oxfam, Bank Information Center (BIC), Natural Resource Governance Institute, .